En cualquier caso, claro está, que este cambio tiene un profundo impacto en las relaciones laborales tal y como las conocemos.

La Sentencia es clara en el sentido de que el cambio sólo es exigible para los nuevos despidos producidos desde la publicación. Así el Tribunal Supremo considera que hasta ahora las empresas estaban actuando según un principio claro de seguridad jurídica, sin aplicar el trámite de audiencia, pues el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores no lo preveía.

Asimismo, el Tribunal ha avanzado que entiende que la empresa debe ofrecer al trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra su persona antes de adoptar la extinción del contrato de trabajo por despido disciplinario y que esta decisión se encuentra fundamentada en la aplicación directa del artículo 7 del Convenio núm. 158 de la OIT.

En definitiva, a raíz de la evidente situación de inseguridad jurídica que ha provocado este repentino cambio de doctrina, lo más aconsejable es tramitar expedientes contradictorios y comunicar el pliego de descargos a toda aquella persona trabajadora que quiera despedirse disciplinariamente ya que si no se realiza este trámite procesal se corre el riesgo de que el despido sea declarado improcedente en caso de que la persona trabajadora opte por impugnarlo en sede judicial,  con el pago de la correspondiente indemnización.

LAS EMPRESAS NO PODRAN DECIDIR UNILATERALMENTE LA EXTINCIÓN DE UNA RELACIÓN LABORAL EN EL CASO DE INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA TRABAJADORA

Con fecha 23 de julio del presente año, el Gobierno aprobó, a propuesta de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la reforma del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores que permitirán eliminar como causa automática de extinción de la relación laboral el reconocimiento de la Incapacidad Permanente de la persona trabajadora.  

CAMBIOS DESTACADOS ANTE LA APROVACIÓN DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 49.1 E) DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

1. Eliminación de la extinción automática del contrato de trabajo a razón de la incapacidad permanente de la persona trabajadora.

Hasta el momento, ante la incapacidad permanente de la persona trabajadora, el artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores permitía a la empresa extinguir el contrato de forma automática, sin derecho a indemnización como consecuencia de la incapacidad permanente.

No obstante lo anterior, la modificación del artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores eliminará esta referencia, priorizando la adaptación del lugar de trabajo o la reasignación de otras funciones compatibles.

2. Obligatoriedad de realizar ajustes razonables por parte de las empresas.

Las empresas tendrán que hacer los ajustes razonables o el cambio de lugar de trabajo a las personas trabajadoras que se encuentren en situación de incapacidad permanente.

El texto aprobado también regulará los criterios que permiten determinar si los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total o, en su caso, si son excesivos en relación con el salario medio, la magnitud y el volumen de negocio de la empresa.

3. Elección voluntaria del trabajador.

La posibilidad de extinguir el contrato, hasta ahora en manos de la empresa, se condicionará a la voluntad de la persona trabajadora que podrá solicitar:

• La adaptación del lugar de trabajo.
• El cambio a otro lugar de trabajo vacante y disponible, de acuerdo con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.

4. Importancia de los Servicios de Prevención.

Los servicios de prevención de riesgos laborales y la representación legal de los trabajadores colaboraran para determinar, en cada caso, los ajustes necesarios para adaptar el lugar a la nueva situación o para seleccionar otros puestos de trabajo compatibles.

La norma también se refiere a la posibilidad que las personas trabajadoras a requieran formación en prevención de riesgos laborales para su nueva situación de la persona trabajadora.  

5. Procedimiento específico ante la incapacidad permanente de la persona trabajadora.

Des de la notificación del reconocimiento de la incapacidad permanente, la persona trabajadora tendrá un mes para decidir si quiere seguir en su lugar de trabajo.

En el caso que el trabajador quiera mantener el contrato laboral, la empresa dispondrá de tres meses para adaptar el lugar de trabajo a las nuevas necesidades o bien cambiar a la persona trabajadora a otra posición compatible. En última instancia, la empresa podrá optar por la extinción del contrato, si no se pueden realizar las adaptaciones necesarias.  

Durante el periodo de espera, la persona trabajadora percibirá el subsidio de Incapacidad Temporal lo que permitirá evitar vacíos de cobertura en la protección.

6. Efectos de la extinción del contrato de trabajo sin seguir las directrices de la reforma del artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores.

Esta reforma supondrá un cambio de paradigma en la actuación empresarial, ya que la norma que permitía a las empresas extinguir el contrato de trabajo automáticamente ante la incapacidad permanente del trabajador cambia totalmente de sentido.  

De esta forma, probablemente la reforma aprobada por el gobierno encarecerá la extinción del contrato de trabajo de las personas con incapacidad permanente, que pasará de ser automática a ir vehiculada para la extinción por causas objetivas, de conformidad con el artículo 52 a) del Estatuto de los Trabajadores, con la correspondiente indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades.

En consecuencia, si la empresa se ve en la necesidad de extinguir el contrato de trabajo debido a la imposibilidad de realizar las adopciones necesarias de la ocupación del trabajador con incapacidad permanente, bajo nuestro criterio, nos encontraremos ante un despido objetivo por ineptitud sobrevenida, con la correspondiente indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades.

Por otra parte, si no se acreditan por parte de la empresa la realización de medidas para intentar mantener la ocupación del trabajador con incapacidad permanente tales como la recolocación o la adaptación del lugar de trabajo, es probable que se entiendan que el despido se ha producido a razón de su discapacidad, lo que constituiría un despido discriminatorio y muy probablemente nulo. 

En este sentido, la reciente ley 15/2022 Integral por la igualdad de trato y no discriminación establece en su artículo 26 que serán nulos todos los actos de discriminación de alguna de les causas recogidas en el artículo 2 de la citada ley"; y este artículo 2 establece que: "Nadie podrá ser discriminado a razón de (...) discapacidad, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social".

PRÉSTAMOS ENTRE SOCIEDAD-SOCIO, REQUISITOS A TENER EN CUENTA Y CRITERIO DE LOS TRIBUNALES.

Es habitual en la práctica empresarial que en el marco de la relación existente entre los socios y la propia Sociedad en la que participan se produzcan disposiciones de cantidades a favor de estos, y que para la relación estrecha entre los socios y la Sociedad en muchas ocasiones estas disposiciones dinerarias no se documentan por escrito. Este hecho, tenemos que ser conscientes que puede comportar una serie de repercusiones que puedan ser perjudiciales para el socio.  

En efecto entonces, cuando la sociedad dispone dinero a favor del socio, se reflectará a la contabilidad de la mercantil, generalmente, a la cuenta 551 “Cuenta Corriente con socios y administradores”, cuenta que está prevista para operaciones transitorias entre la sociedad y el socio, pero no pueden ser a largo plazo.

En consecuencia, el socio se puede encontrar que bajo esta premisa la Administración Tributaria considere que estas disposiciones, no son un préstamo, dado que no está documentado como tal, sino que en realidad es un pago de retribuciones al socio por su participación en los fondos propios de la entidad. Es decir, la Administración Pública considera que este dinero son un rendimiento de capital inmobiliario a integrar a la base imponible del IRPF del socio. Los indicios que hace servir la Administración para considerar y concluir que este dinero son dividendos, son: 1) La falta de constancia jurídica y formal de la operación financiera. 2) La devolución significativa de las cantidades desde la creación de la cuenta de socios. 3) Que la capacidad de devolución del préstamo, teniendo en cuenta los ingresos del socio, es limitada.

En relación a esta cuestión también se ha pronunciado los Tribunales de Justicia de Catalunya, la Audiencia Nacional  o las más recientes de los Tribunales de Justicia del Principado de Asturias. Según estas resoluciones es esencial que se cumplan los requisitos con el fin de probar y demostrar la existencia de un préstamo, siendo en muchos casos insuficiente el hecho que la operación esté incluso formalizada.

En conclusión, en el momento en que la Sociedad haga una disposición a favor del socio de cantidades, es fundamental que esta se documente en el formato de préstamo, se declare como préstamo ante la Agencia Tributaria (operación exenta) en el que se establezcan plazos de devolución y que los mismos se cumplan, siendo incluso és indicativo que estas cantidades meriten intereses.

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES TRIBUTARIAS.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 26 Y 30 DE ABRIL DE 2.024.
 

El Tribunal Supremo determina en casación en qué modalidad del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se gravará una operación por la cual se extinguirán varios condominios, en los que participan los mismos titulares, en la medida que la adjudicación de los bienes a cada uno de ellos se haga de forma proporcional, y sin excesos de adjudicación. Es relevante hacer notar que se considera que hay condominios diferentes cuando la adquisición de bienes se hace en momentos diferentes y por títulos diferentes, aunque los titulares sean los mismos.  

Hasta ahora entonces, se venía considerando que cuando había varias comunidades de bienes, no se podían disolver las comunidades diverses al mismo tiempo, y todavía que todos los bienes fueran de los mismos titulares, no se podían hacer lotes de todos los bienes y repartirlos entre ellos, dado que se consideraba que al ser condominios diferentes, en realidad se estaban transmitiendo bienes. Esto automáticamente implicaba una tributación en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales al tipo del 10% al considerar el ATC que había permutas entre los titulares.

La relevancia de estas resoluciones viene dada porque parece que la interpretación del Alto Tribunal es la siguiente: 1) Es estéril considera que hay varias comunidades cuanto todos los bienes son titulares de las mismas personas, y no hay ninguna normativa civil que considere que al haber varios títulos hay diferentes comunidades. 2) Los condominios pueden acordar su disolución, lo que necesariamente nos lleva a que según su participación en la comunidad se les adjudique una serie de bienes. 3) Siempre y cuando no haya traslado de titularidad y se cumplan los criterios  de equivalencia y proporcionalidad  respecto a la adjudicación, no hay una transmisión de bienes.

En definitiva, lo que nos dice el Tribunal Supremo es que esta operación estará sujeta a la modalidad de actos jurídicos documentados al tipo del 1,5%.